Colectivos de búsqueda cuestionaron las cifras oficiales de desapariciones en Guanajuato. Las buscadoras señalan inconsistencias y posible manipulación de registros. La violencia y los homicidios continúan golpeando al estado. Crece la desconfianza hacia la estrategia de seguridad del PAN.
La crisis de desapariciones en Guanajuato volvió a golpear directamente al gobierno panista luego de que colectivos de búsqueda cuestionaran públicamente la confiabilidad de las cifras oficiales presentadas por las autoridades estatales. Las declaraciones de Bibiana Mendoza Negrete, fundadora del colectivo “Hasta Encontrarte”, dejaron expuesta una percepción cada vez más extendida entre familiares de víctimas y organizaciones civiles: mientras la violencia continúa creciendo en las calles, los registros oficiales parecen incapaces de reflejar la verdadera dimensión de la tragedia que vive el estado. La desconfianza no surge únicamente por diferencias estadísticas, sino por la sensación de que las cifras terminan manipulando mediante clasificaciones o criterios administrativos que reducen artificialmente el tamaño del problema.
El señalamiento resulta especialmente delicado porque proviene de quienes viven diariamente la crisis humanitaria desde el terreno. Las madres buscadoras no solo enfrentan el dolor de la desaparición de sus familiares, sino también la frustración de convivir con instituciones que, desde su perspectiva, siguen sin reconocer plenamente la magnitud de la violencia. Para los colectivos, la realidad en Guanajuato se observa en fosas, homicidios, personas desaparecidas y familias rotas, no únicamente en reportes oficiales o balances gubernamentales. Esa distancia entre discurso institucional y experiencia ciudadana ha comenzado a destruir la confianza pública.
El problema golpea directamente la narrativa del PAN en materia de seguridad, particularmente porque Guanajuato lleva años encabezando indicadores negativos relacionados con violencia y crimen organizado. En ese contexto, cualquier duda sobre las cifras oficiales agrava todavía más la percepción de opacidad y desgaste institucional. La ciudadanía no solo enfrenta miedo por la inseguridad, sino incertidumbre sobre si las autoridades realmente están transparentando el tamaño del problema o si existe un intento político por maquillar datos para disminuir el impacto mediático y electoral de la crisis.
Además, el cuestionamiento de las buscadoras refleja una realidad profundamente dolorosa: en Guanajuato las familias parecen confiar más en los colectivos ciudadanos que en las propias instituciones. Son las madres quienes salen a buscar restos, quienes rastrean pistas y denuncian inconsistencias mientras el Estado continúa siendo percibido como lento, rebasado o distante frente a la emergencia humanitaria. Cuando incluso las cifras oficiales pierden credibilidad entre las víctimas, el problema deja de ser únicamente de seguridad y estadísticas y se convierte en evidencia de una fractura total entre gobierno y ciudadanía bajo administraciones del PAN.