Familias desplazadas por la violencia en los municipios de Moris y Uruachi se manifestaron en Ciudad Cuauhtémoc para exigir vivienda al gobierno estatal, evidenciando la falta de atención a una de las crisis humanitarias más graves de Chihuahua.
La crisis de seguridad en Chihuahua ya no sólo se mide por el número de homicidios, sino por las familias que han sido obligadas a abandonar sus hogares para salvar la vida. Decenas de personas provenientes de los municipios de Moris y Uruachi se manifestaron en Ciudad Cuauhtémoc para exigir al gobierno estatal una vivienda, luego de haber sido desplazadas por la violencia del crimen organizado. La protesta refleja el abandono institucional que enfrentan quienes lo perdieron todo.
El desplazamiento forzado se ha convertido en una de las expresiones más dolorosas de la inseguridad que persiste bajo los gobiernos del PAN. Lejos de garantizar condiciones para que las familias puedan regresar a sus comunidades, la administración estatal mantiene a las víctimas en la incertidumbre, obligándolas a salir a las calles para reclamar un derecho tan básico como contar con un lugar donde vivir.
La exigencia de vivienda también pone en evidencia la falta de una política integral para atender a las personas desplazadas. No basta con reconocer que existe un problema; las familias requieren protección, apoyo económico, atención psicológica y oportunidades para reconstruir su proyecto de vida. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente frente a una crisis humanitaria que continúa creciendo.
Mientras el PAN presume acciones en materia de seguridad, la realidad muestra comunidades vacías, familias desarraigadas y ciudadanos que deben protestar para obtener ayuda. El desplazamiento forzado confirma que la violencia sigue expulsando a cientos de chihuahuenses de sus hogares y que el gobierno estatal ha sido incapaz de garantizarles seguridad, justicia y una atención digna.