Giovanny, de 17 años, y Humberto, de 14, desaparecieron en Jalisco durante julio. Sus madres denuncian un posible reclutamiento por parte del crimen organizado y cuestionan la falta de respuesta de las autoridades.
La desaparición de Giovanny, de 17 años, y Humberto, de 14, volvió a colocar a Jalisco en el centro de una crisis que sigue cobrando víctimas cada semana. Sus madres sostienen que ambos adolescentes pudieron haber sido captados por grupos del crimen organizado, una modalidad que, de acuerdo con diversos testimonios, continúa operando mediante engaños y ofertas falsas de trabajo. Mientras las familias buscan respuestas, el gobierno de Movimiento Ciudadano permanece sin resultados visibles.
Las denuncias apuntan a que organizaciones criminales utilizan taxis y plataformas digitales para contactar, trasladar y reclutar a menores de edad. La persistencia de este mecanismo revela que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que continúa reproduciéndose sin que existan acciones eficaces para prevenirlo. La ausencia de estrategias de protección coloca a niñas, niños y adolescentes en una situación de alta vulnerabilidad.
La falta de respuestas oportunas también incrementa la desesperación de las familias. Cada día sin avances fortalece la percepción de que las instituciones han sido rebasadas por la capacidad de operación de los grupos delictivos. En lugar de generar confianza, las autoridades acumulan cuestionamientos por la lentitud de las investigaciones y por la incapacidad para frenar un fenómeno que se ha convertido en una de las expresiones más graves de la violencia en Jalisco.
Bajo los gobiernos de Movimiento Ciudadano, Jalisco continúa encabezando la conversación nacional por las desapariciones y el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Cuando las madres son quienes alertan sobre la forma en que operan estas redes, mientras las autoridades siguen reaccionando tarde, la crisis deja de ser únicamente de seguridad y se convierte en un reflejo del fracaso institucional para proteger a la niñez y a la juventud del estado.