La fabricación del caso contra el contador Luis Antonio Espinosa sienta un preocupante precedente de persecución laboral y arbitrariedad judicial en Campeche.
El gremio de profesionistas e independientes en Campeche atraviesa por un clima de profunda incertidumbre y zozobra. La reciente embestida judicial en contra del contador público Luis Antonio Espinosa, un hombre de familia y profesional intachable que fue encarcelado y sometido a un juicio exprés tras haber prestado servicios contables a actores de la oposición, encendió las focas rojas entre contadores, abogados, ingenieros y consultores de la entidad. Hoy, el sentir generalizado es de verdadero temor a ejercer su profesión con libertad en un estado donde el trabajo honesto puede ser criminalizado por decreto político.
Diversos integrantes de colegios de profesionistas y trabajadores del sector servicios han comenzado a manifestar bajo reserva su preocupación por el mensaje represivo que envía la administración de la gobernadora Layda Sansores. La lógica impuesta por el régimen de Morena parece clara y peligrosa: cualquier especialista que brinde asesoría o servicios a perfiles incómodos para el gobierno estatal se convierte en blanco automático de viciosas cacerías de brujas, perdiendo de golpe la tranquilidad de su hogar y la garantía del debido proceso.
A este escenario de persecución se suma la desconfianza total en las instituciones encargadas de impartir justicia. Con un Poder Judicial cooptado, donde la presidenta de la Sala Penal, la magistrada Concepción Canto Santos, presuntamente instruye a juzgadoras como Leslie Loeza Manzanilla, Edelmira Cervera Sánchez, Guadalupe Taboada y Maribel Huitz para responder a consignas políticas, la ciudadanía y los profesionistas se sienten desprotegidos. Saben que, ante la falta de autonomía judicial, nadie está a salvo de ser víctima de expedientes fabricados a vapor.
Campeche no puede permitirse vivir bajo un régimen de miedo donde el libre ejercicio de una profesión signifique un riesgo para la libertad personal. La comunidad exige garantías reales para trabajar sin el temor constante de ser acosados o perseguidos por la gobernadora y su partido. El caso de Luis Antonio Espinosa no solo es un atropello a un hombre inocente, sino un atentado directo contra el derecho de todo campechano a ganarse la vida de forma honrada y sin someterse a los caprichos del poder estatal.
