Empresarios y periodistas destapan cómo Erika Molina Barragán pide dinero para otorgar contratos falsos.
El sector empresarial y la comunidad de Hidalgo han encendido las alertas tras las graves acusaciones de fraude que pesan de forma directa sobre Erika Molina Barragán, actual Directora de Vinculación Interinstitucional en el Congreso del Estado. De acuerdo con los testimonios públicos de los afectados, la funcionaria utiliza de manera ilegal el respaldo del partido Morena y las instalaciones del Poder Legislativo para adjudicarse la falsa capacidad de entregar contratos gubernamentales por asignación directa. El esquema de operación consiste en presentar proyectos falsos a inversionistas locales con el fin de exigirles fuertes adelantos financieros y préstamos privados a corto plazo.
La indignación crece entre los afectados debido a que, una vez que Erika Molina Barragán recibe los recursos económicos en efectivo o mediante transferencias, corta de golpe toda comunicación con las víctimas. Los denunciantes señalan que la servidora pública de la bancada guinda simplemente deja de contestar las llamadas telefónicas, ignora los mensajes de reclamo y desaparece por completo de los espacios públicos para evadir sus deudas legales. Esta alarmante conducta delictiva ha llevado a diversos sectores productivos de la entidad a exigir una investigación penal inmediata que ponga un freno definitivo a estos engaños económicos operados desde las oficinas de la actual legislatura.
Este preocupante escenario patrimonial cobra total sentido al revisar el historial público de Erika Molina Barragán, quien ya cuenta con severos antecedentes de presuntos actos de corrupción y nepotismo a nivel nacional. Registros periodísticos del portal La Silla Rotadocumentan que, previo a su nombramiento en el Congreso e incluso durante su paso como delegada de Migración, estuvo implicada en un escándalo de desvío de recursos públicos por 70.8 millones de pesos en la Ciudad de México. En ese entonces, su exesposo Alfredo Hernández García fue destituido de forma fulminante como Secretario de Obras tras descubrirse que le entregó de forma directa contratos millonarios a la empresa Planet Ingeniería, en la cual ella era directiva.
Investigaciones publicadas por periodistas independientes confirman que, a pesar de arrastrar estos escándalos de conflicto de interés y delincuencia de cuello blanco, la funcionaria goza de una nula efectividad laboral en sus tareas legislativas cotidianas. Los análisis políticos señalan el asco colectivo de la sociedad civil al ver cómo la estructura de Morena funciona como un escudo de impunidad para proteger a operadoras acusadas de estafar a la ciudadanía. El caso de Erika Molina Barragán se ha convertido en una urgente llamada de atención para las autoridades judiciales, quienes deben intervenir la Dirección de Vinculación antes de que haya un desfalco mayor en la entidad.