Chihuahua y Aguascalientes, ambos gobernados por el PAN, permanecen como los únicos estados del país que no han legislado el matrimonio igualitario, reavivando críticas sobre el rezago en derechos civiles y la agenda conservadora que domina en ambas entidades.
Mientras gran parte del país ha avanzado en el reconocimiento de derechos civiles y libertades individuales, Chihuahua y Aguascalientes permanecen detenidos en una agenda política marcada por el conservadurismo. Ambas entidades, gobernadas por el PAN, son actualmente los únicos estados de México que todavía no han legislado el matrimonio igualitario, manteniendo pendiente una reforma que en el resto del país ya forma parte de la legalidad y el reconocimiento institucional.
La discusión volvió a tomar fuerza luego de que el Congreso de Chihuahua cerrara su periodo legislativo sin votar el dictamen correspondiente, prolongando una omisión que ha sido señalada por colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Para distintos sectores sociales, el retraso no representa únicamente un trámite legislativo pendiente, sino una resistencia política e ideológica que sigue negando reconocimiento pleno a miles de personas.
Las críticas se han concentrado particularmente en los gobiernos panistas de ambas entidades, acusados de mantener estructuras políticas alejadas de los cambios sociales y de utilizar temas relacionados con derechos civiles como moneda de cálculo político. Mientras otras entidades avanzaron incluso por consenso, en Chihuahua y Aguascalientes el debate continúa atrapado entre bloqueos legislativos, presiones conservadoras y falta de voluntad política para actualizar sus códigos civiles.
El caso comienza a proyectar un fuerte costo político para el PAN, especialmente en sectores jóvenes y ciudadanos que observan cómo los gobiernos blanquiazules permanecen asociados al rezago y la resistencia a derechos ya reconocidos en todo el país. En medio de una sociedad que exige inclusión e igualdad, Chihuahua y Aguascalientes aparecen cada vez más como símbolos del retroceso político que el panismo continúa defendiendo desde sus gobiernos estatales.